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La falta de personal y un sistema informático obsoleto atascan el SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones de desempleo y ERTE de un cada vez más elevado número de personas, está en horas bajas y condenado al colapso salvo que se tomen medidas. Nunca había estado tantas veces en el ojo del huracán como este año, cuando la avalancha de ayudas y subsidios que ha tenido que gestionar se ha multiplicado por más de cinco a consecuencia de esta pandemia. Pese al innegable esfuerzo que hicieron sus trabajadores, el cobro para muchos de los afectados se retrasó incluso durante meses y al mismo tiempo se sucedieron los errores con los pagos.

Para colmo, la actividad en el organismo público se paralizó completamente el pasado 9 de marzo durante casi una semana a consecuencia de un ciberataque que bloqueó sus sistemas informáticos y que todavía le impide funcionar con total normalidad. Y a esto hay que añadir una huelga que ha convocado la Unión Sindical Obrera (USO) los dos últimos días del mes, lo que agravará aún más una situación que ya de por sí era compleja. Un golpe tras otro para un SEPE al que se le acumulan los problemas, aunque no solo a él, puesto esto también se extiende a otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Pero de nada se puede culpar a unas plantillas que están mermadas, envejecidas y sobrecargadas de trabajo. De hecho, el comportamiento de los funcionarios del SEPE fue ejemplar en plena pandemia, cuando durante semanas trabajaron sin descanso, sábados, domingos y festivos incluidos, para tratar de sacar todas las prestaciones adelante, más de ocho millones solo en 2020.

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Porque milagros no pueden hacerse con la plantilla que tiene. En la actualidad cuenta con apenas 8.400 trabajadores para gestionar cada mes más de 2,3 millones de prestaciones y pagar a los 800.000 ocupados que aún están en un ERTE. Se trata de «una cifra totalmente insuficiente para atender a la ciudadanía», denuncia Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE, que advierte de que desde el inicio de la pandemia la situación «es tremendamente compleja y delicada, ya que los funcionarios deben abordar unas cargas de trabajo imposibles de asumir y gestionar, dada la alarmante carencia de recursos humanos». Incluso el propio Defensor del Pueblo lo denunció el pasado verano: «La dotación de personal del SEPE resulta notablemente insuficiente, no solo para situaciones extraordinarias como las derivadas de la covid-19, sino también para el ejercicio ordinario de sus funciones».

Sangría de jubilaciones

Pero no solo eso, sino que la tasa de temporalidad en este organismo público alcanza el 33%, lo que supone que uno de cada tres empleos son eventuales. Además, tienen unos 1.500 puestos vacantes y a final de junio terminan los contratos de 2.135 interinos que han sido nombrados para hacer frente a la carga adicional de trabajo en esta pandemia. Desde CSIF exigen al Gobierno la aprobación inmediata de una Oferta Pública de Empleo, que se implante la jornada de tarde y un decidido apoyo a la inversión tecnológica. En la última década se han perdido 3.400 puestos que no se han repuesto y la sangría de bajas continuará puesto que la edad media de su plantilla es de 57 años, lo que refleja que muchos de ellos están a las puertas de la jubilación. «Si no se reponen efectivos, de aquí a cinco años vamos a tener muy complicado poder dar la asistencia que se precisa», se lamenta Galdeano, que además denuncia que cuentan con unos sistemas informáticos «completamente obsoletos que no han estado a la altura de la gestión que se debía acometer». Hasta el punto de que la aplicación con la que pagan la nómina de desempleo supera con creces los 35 años.

La Seguridad Social «agoniza»

Pero no se trata de un problema exclusivo del SEPE, sino que sus compañeros de la Seguridad Social lo sufren de igual manera. El propio ministro, José Luis Escrivá, reconoció esta pasada semana en el Senado la «falta de inversión y capital humano» en un organismo que afronta ahora «mayores necesidades de gestión que nunca». Así, la plantilla se ha reducido un 20% en la última década y ahora ni siquiera llega a los 25.000 efectivos tras registrarse más de 6.500 bajas. Al igual que en el SEPE, la edad media de sus trabajadores es muy elevada, se sitúa en los 55 años, casi el 60% tiene más de 58 años y en los próximos tres años un 10% de sus funcionarios se jubilarán.

Sin embargo, su carga de trabajo, lejos de disminuir, aumenta: el número de pensiones se ha incrementado un 12% y otro 10% la afiliación, a lo que se suman ahora nuevas competencias como el Ingreso Mínimo Vital o los funcionarios de las clases pasivas. Además, la Seguridad Social ha tenido un incremento de actividad extraordinario durante la pandemia y ha tramitado cuatro millones de bajas por covid, las prestaciones para 1,5 millones de autónomos o las exoneraciones de 3,6 millones de trabajadores en ERTE.

«Se ha producido un colapso porque la demanda de gestión está muy por encima de la capacidad operativa», denuncia Martín Lanza, responsable de UGT en Seguridad Social, que advierte de que el sistema «agoniza».

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