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Gobierno y agentes sociales asumen cambios en la reforma laboral, pero por tramos y a largo plazo

Un año después de que el coronavirus interrumpiera el inicio de las negociaciones de la derogación de la reforma laboral, los responsables del actual Ministerio de Trabajo, los empresarios y los sindicatos (CC OO y UGT) retomaron este miércoles el diálogo social para acordar una de las cuestiones más peliagudas para las tres partes, e incluso dentro del Gobierno de coalición. Y lo hicieron para reactivar esas conversaciones «en el mismo punto en el que las dejaron» el 11 de marzo de 2020. Así lo apuntan fuentes del diálogo social, cuyos representantes mantuvieron una reunión de cinco horas en las que definieron el calendario de las negociaciones y las cuestiones que se abordarán para el desmontaje de la actual norma laboral.

A pesar de la extensa reunión en la sede del departamento liderado por la designada vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, los cambios de la reforma laboral no llegarán pronto. Y ni siquiera de una sola vez. Fuentes gubernamentales apuntan a este diario que son cuestiones tan complejas que para poner de acuerdo a patronal y trabajadores harán falta muchos meses. «Ahora no es esa la cuestión que más preocupa», indican esas fuentes. No es que no sea prioritario, pero dada la controversia que generará, comenzará a tratarse en el seno del diálogo social para después ir recibiendo el visto bueno de los ministros del área económica, con la vicepresidenta Calviño a la cabeza.

Sea cual sea finalmente el resultado, las partes asumen que la derogación -parcial, total o como políticamente se la quiera denominar- vendrá por partes. En un primer momento, se llevarán a cabo medidas puntuales que son las más urgentes para sindicatos o empresarios.

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En el Ejecutivo son conscientes de la dificultad de llegar, por ahora, a un acuerdo global en el diálogo social

En concreto, en la próxima reunión del diálogo social se abordará la polémica ultraactividad de los convenios, esto es, la posibilidad fijada en la ley por la que un acuerdo colectivo queda sin efecto y pasa al sectorial, cuando transcurrido un año desde su finalización las partes no acuerdan uno nuevo. También tratarán la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de las propias empresas, otra de las polémicas incluidas en la legislación. Y negociarán cambios en el modelo de subcontratas en vigor desde la anterior reforma laboral (el conocido artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores) para evitar un abuso de las compañías que utilizan estos servicios.

Pero quedarán en el tintero, por ahora, otras muchas polémicas, como la necesidad -exigida por Bruselas- de acabar con la elevada temporalidad del mercado español, donde uno de cada cuatro contratos en vigor son precarios frente a los indefinidos. Así como las condiciones del despido, otra de las batallas de los sindicatos.

Tres contratos únicos

Las posiciones son por ahora tan distantes que incluso fuentes de la CEOE no hablan de derogar ni siquiera parcialmente aquella reforma laboral de Mariano Rajoy. Este miércoles trasladaron a la mesa «que no es el momento de abordar la reforma laboral que se plantea, sino de avanzar en las políticas activas de empleo o la reducción de la dualidad del mercado laboral». Es lo que, a juicio de la patronal, recomiendan a España desde la Unión Europea.

La patronal no quiere ni oír hablar de derogación, aunque sea parcial, y se remite a acordar la reducción de contratos

En este sentido, Yolanda Díaz ha recordado de forma insistente en los últimos meses que pretende reducir a tres los números de contratos, ‘causalizar’ la temporalidad (que las empresas justifiquen de forma meridiana por qué acuden a estos contratos), imponer sanciones más duras para acabar con ese problema endémico del mercado laboral español o diseñar un esquema permanente para los ERTE a los que han llegado a estar acogidos casi cuatro millones de empleados en la pandemia.

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