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El SEPE ofrecerá un itinerario individual y personalizado a los parados

El Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales para reformar las políticas activas de empleo y renovar la garantía juvenil, tal y como demanda la CEOE. Así lo anunció este lunes en el Congreso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que confía en tener el primer borrador para cambiar la ley a finales de mes o principios de abril. «Estamos alcanzando un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo, incorporando estas políticas a la era digital para hacerlas eficaces», aseguró.

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La que pronto se convertirá en vicepresidenta tercera explicó que será una «reforma profunda» que ofrecerá el derecho a los afectados de «la personalización de los servicios» y a «itinerarios personalizados» para formar a los parados, una promesa de reforma que no es nueva, que ya se aprobó en 2011 y que llevan realizando en los últimos años todos los ministros del ramo sin llegar a cumplirla. Es más, incluso se llegó a contratar a más de 200 asesores para ofrecer itinerarios personalizados, pero luego no hubo presupuesto para continuar.

En este sentido, Díaz precisó que el Sistema Nacional de Empleo, que está formado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios de empleo de las CC AA, garantizará un buen perfilado de las personas que buscan empleo, un itinerario laboral y formativo individualizado, una tutorización individual y un acompañamiento efectivo en la búsqueda de trabajo, en su formación y en las transiciones profesionales, «lo que se conoce como ‘upskilling’ y ‘reskilling’, algo que –remarcó– es clave», porque las «políticas activas de empleo se han hecho casi que por inercia». «Hemos de acertar perfectamente de manera quirúrgica en el despliegue de las mismas», incidió.

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Significa esto que los poco más de 8.000 funcionarios del SEPE, un 33% contratado de forma temporal, tendrá que afrontar una carga de trabajo extra precisamente cuando ya está desbordado por la avalancha de prestaciones que tiene que gestionar a consecuencia de la pandemia. El organismo público sufre un «problema endémico» de falta de personal, que se ha agudizado en la covid-19, según denunció el pasado verano el Defensor del Pueblo, que advirtió de la necesidad de aumentar la plantilla de este organismo, ya que su dotación «resulta notablemente insuficiente, no solo para situaciones extraordinarias, como esta pandemia, sino también para el ejercicio ordinario de sus funciones».

La ministra, no obstante, prometió que los servicios de empleo dispondrán de equipos profesionales estables y cualificados, como ya está consignado en los presupuestos generales de 2021. Esto supone que será necesario poner en marcha una oferta pública de empleo -tal y como reclaman los sindicatos-, pero esto es algo que no puede hacerse de hoy para mañana y requiere de un periodo de tiempo.

A su vez, la diputada gallega quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y afirmó que el SEPE está ya «en pleno funcionamiento» después del ciberataque del pasado 9 de marzo que paralizó totalmente su actividad durante casi una semana. Así, aseguró que «ningún ciudadano» va a tener retrasos en su pago, ya que «todo está prácticamente recuperado».

Habrá reforma laboral este año

Lo que por el momento está más difícil de lograr es el acuerdo en la contrarreforma laboral. Pese a que la ministra se mostró convencida de que los interlocutores sociales van a estar una vez más «a la altura», la CEOE está cerrada en banda a negociar y dice que «no es ahora el momento». Díaz eso sí, ha rebajado su tono en el último año y, como en las últimas ocasiones, evitó mencionar expresamente la palabra «derogación», que ha cambiado ahora por la de «modernización» de las relaciones laborales», en aras también de limar asperezas con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

De hecho, para tratar de cerrar este debate de dos bandos en el Ejecutivo, reiteró en más de una ocasión que los trabajos para reformar el mercado laboral enviados a Bruselas, que incluyen 17 reformas y diez inversiones, los ha realizado «el Gobierno al completo», de forma «mancomunada».

Asimismo, explicó que se llevarán a cabo en tres fases: una primera, con las reformas más urgentes, en las que situó los cambios en la negociación colectiva y la subcontratación -medidas que no comparte Calviño-; una segunda relacionada con la estabilidad en el empleo y la simplificación de los contratos, que -admitió- es en la que pone «más énfasis» la Comisión Europea y que respalda la vicepresidenta; y una tercera fase que tiene que ver con «la mudanza» de las políticas activas de empleo. Además, aseguró que «todas las reformas las vamos a hacer este año».

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Sin embargo, la ministra sí terminó por afirmar que la reforma laboral de 2012 ha sido un «fracaso en los convenios de empresa» y apostó por una «negociación colectiva equilibrada», donde las personas trabajadoras «puedan colectivamente negociar de igual a igual sus condiciones». Además, defendió que hay que avanzar hacia fórmulas de contratación que garanticen las condiciones laborales, en referencia a las subcontratas, y apuntó que no tiene que haber «ninguna discusión» en abordar la vigencia de los convenios colectivos.

Además, como ya anticiparon en el documento enviado a Bruselas, establecerán una «fuerte simplificación» de la contratación por fórmulas que sean «claras, simples y que establezcan su carácter indefinido como norma». Así, al igual que hizo Caviño la semana pasada, habló de un contrato estable que será el principal, un contrato temporal pero con causa y uno de formación.

Por último, y como guiño a la ministra de Economía, que defiende dejar de mirar el pasado, aseguró que es «una mujer muy moderna», que «mira al pasado lo justo y necesario». Y lanzó un mensaje de unidad para llevar a cabo estas reformas «de forma colectiva» y «con acuerdo».

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