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#COVID19 🔴 Un mal plan para luchar contra la covid #COVID #coronavirus #satanshoes #maestrosdelacostura

Las reuniones de jóvenes que incumplen las medidas sanitarias y continúan la fiesta más allá de la hora establecida por el toque de queda en pisos o locales alquilados se han convertido ya en una estampa habitual durante los fines de semana, especialmente los sábados, en España. El confinamiento domiciliario provocado por la covid-19 en marzo del pasado año redujo al mínimo los comportamientos irresponsables, pero, con el nuevo estado de alarma decretado el mes de octubre, el fenómeno de las fiestas ilegales se ha disparado hasta situarse en el centro de la polémica.

Por ello, las grandes ciudades son las que se sitúan a la cabeza en incumplimientos de las medidas decretadas por el coronavirus. Las autoridades han llegado a contabilizar, en los últimos cinco meses, 28.901 propuestas de sanción en Madrid, 23.219 en Málaga, 11.472 en Cádiz, 11.714 en Zaragoza, 37.105 en Alicante, 4.514 en Badajoz, 7.099 en A Coruña, 5.686 en Pontevedra o 5.004 en Murcia.

Muchas de estas incidencias tienen que ver con fiestas ilegales durante el toque de queda y en la mayoría de casos se trata de jóvenes que alargan en los domicilios las reuniones que previamente mantienen en los bares o incluso en la misma calle. Aunque la Policía también se ha visto obligada a intervenir en fiestas programadas, y con una afluencia que recuerda a tiempos anteriores a la pandemia, en discotecas, grandes establecimientos, garajes o chalets en zonas apartadas. En estas situaciones, el papel de los vecinos y ciudadanos es fundamental, ya que la actuación policial suele responder a las denuncias que estos presentan.

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El buen tiempo de las últimas semanas, por ejemplo, ha propiciado un cambio de tendencia en ciudades como Madrid o Barcelona, donde las denuncias por estar en la vía pública más allá de la hora permitida han aumentado. De hecho, una de las polémicas que ha servido durante semanas como arma arrojadiza a políticos de un bando y otro ha sido, precisamente, el hecho de que las calles de ambas ciudades se hayan llenado de turistas, muchos de ellos franceses, y que estos hayan incumplido sistemáticamente las medidas sanitarias y el toque de queda ante la impotente mirada de los vecinos.

Opciones para sancionar

La Policía dispone de tres vías para actuar ante los incumplimientos de la normativa vigente que suponen ciertas reuniones sociales. Una vez los agentes constatan que se está infringiendo la norma, estos pueden recurrir a la Ley de Seguridad Ciudadana y que sea la Delegación o Subdelegación del Gobierno quien a través de la denuncia; o como sucede en la mayoría de los casos en la actualidad, a la Ley General de Salud Pública, en cuyo caso las comunidades autónomas son las encargadas de hacer efectiva la sanción.

A la vía penal, por su parte, recurren para hechos más graves, como puede ser un atentado a la autoridad. «Son un porcentaje mínimo», aseguran desde el Ministerio del Interior, donde también admiten que, obviamente, «siempre tiene un plus de reproche en el plano administrativo y penal un organizador que un asistente».

Precisamente alguna de estas intervenciones policiales ha suscitado controversia en las últimas semanas respecto a los límites que pueden rebasar las autoridades para hacer cumplir las medidas sanitarias e interrumpir algunas de estas fiestas, como sucedió el pasado mes en un piso turístico de Madrid. Entonces, la Policía, tras la negativa de catorce jóvenes a dejarles pasar, echó la puerta abajo y detuvo a varios de ellos alegando que se estaba cometiendo un delito flagrante de desobediencia grave.

A pesar de la opinión generalizada entre los juristas de que impedir una fiesta no justifica entrar por la fuerza en una vivienda privada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diferenció entonces entre pisos de alquiler y pisos turísticos empleados como bares clandestinos. Estos últimos, a su juicio, «no constituyen una morada» y las intervenciones policiales sí que se ajustan a derecho.

No obstante, según el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal, la posición de Interior «no aguanta ningún análisis jurídico serio». «El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia muy consolidada según la cual en el domicilio uno ejerce su ámbito de libertad más amplio. Ha reconocido como tal chabolas, tiendas de campaña o habitaciones de hotel», añade.

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Asimismo, el catedrático defiende que «el único modo que tiene la Policía de entrar en el domicilio en un caso como el sucedido en la madrileña calle Lagasca es ir al juez de guardia, conseguir una orden de entrada en el piso, y mientras tanto, para que no salga nadie de allí, dejar a dos agentes que identifiquen a las personas que salgan y entren», algo que sí ha hecho la Policía en otras fiestas alrededor de la geografía española en los últimos meses.

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